Denuncia contra tortura en el Estado de Guerrero

Entre el 9 y el 13 de junio un grupo de soldados irrumpió en tres comunidades rurales del meridional estado de Guerrero, disparando contra la población (adultos, niños y niñas) a quienes también torturó, amenazó y hostigó. El objetivo de la incursión militar era detener a miembros de un grupo armado de oposición, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Los residentes de estas comunidades corren peligro inminente de sufrir nuevos ataques del ejército.

El 9 de junio, alrededor de 60 soldados llegaron a las comunidades de Puerto de las Ollas, Las Palancas y El Jilguero, pertenecientes al montañoso municipio de Coyuca de Catalán y dedicadas a la agricultura de subsistencia. Los militares dispararon al aire y contra los hombres de las mencionadas localidades, cuando huían hacia las montañas para esconderse. Al día siguiente, llegaron refuerzos, con lo que la cifra total de soldados ascendió a unos 500. Durante cinco días hostigaron a las mujeres y los niños que permanecieron en el lugar, y torturaron a algunos de ellos. Finalmente, el ejército se retiró el 13 de junio, cuando llegó una misión de observación, compuesta por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, incluida la Comisión de

Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Coddehum).

Según la misión de observación, Omar García, un adolescente de 14 años, fue torturado durante más de tres horas: le aplicaron descargas eléctricas, le vendaron los ojos, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, y le golpearon y amenazaron con castrarlo. Por su parte, César Acosta Ávila, un hombre de 33 años, que sufre las secuelas de una hemorragia cerebral desde hace dos años, fue víctima de torturas durante tres horas: los soldados le introdujeron agujas bajo las uñas, le propinaron puñetazos en los oídos, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, le golpearon en la cabeza y en el pecho, le amenazaron con aplicarle descargas eléctricas en los pezones, y le aseguraron que lo encarcelarían si denunciaba lo que habían hecho.

Asimismo, los soldados amenazaron y hostigaron a las mujeres durante esos cinco días, en un intento por obtener información sobre los integrantes del grupo armado. A tres mujeres les colocaron cuchillos en la garganta, mientras que a una mujer embarazada la empujaron, lanzándola de uno a otro y contra la pared, y a otra mujer, con un bebé, la amenazaron con matarla. Según informes, los soldados amenazaron e interrogaron a varios menores de edad, entre ellos un niño de ocho años, a quien apuntaron con una pistola.

También allanaron los hogares, robaron y destruyeron bienes y amenazaron con quemar las casas. Por último, según informes, trataron de falsificar pruebas para vincular a los lugareños con grupos armados y con el narcotráfico.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los poblados de Las Palancas, Puerto de las Ollas y El Jilguero constan, cada uno de ellos, de alrededor de 10 o 20 casas de madera. Desde hace más de un decenio se vienen produciendo tensiones entre los residentes y un cacique del lugar que, según se cree, está relacionado con un cártel de drogas. Se estima que el desencadenante de la operación practicada entre el 9 y el 13 de junio fue una declaración hecha pública el 31 de mayo por el comandante Ramiro, perteneciente al ERPI, en las que acusaba al cacique de valerse de un grupo paramilitar para amedrentar a los trabajadores rurales que se oponían a la deforestación o al cultivo de drogas en la zona.
Desde 2008, Amnistía Internacional ha documentado un número cada vez mayor de incidentes en todo México, en los que miembros del ejército han participado en homicidios ilegítimos, tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros domiciliarios ilegales.

El sistema de justicia militar conserva la competencia de investigar y procesar a los miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos.

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en español o en su propio idioma:

- pidiendo a la autoridades civiles estatales y federales que ordenen una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los informes acerca de actos de tortura y hostigamiento practicados por soldados entre el 9 y el 13 de junio contra los residentes de Las Palancas, Puerto de las Ollas y El Jilguero;

- instando a las autoridades a garantizar la seguridad de los residentes de esas localidades contra futuros ataques, de conformidad con sus deseos.


Enviar llamamientos a:

Procurador general de la República
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procuraduría General de la República
Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500, MÉXICO
Fax: +52 55 5346 0908
Tratamiento: Señor Procurador General



Secretario de la Defensa Nacional
Gral. Guillermo Galván Galván
Secretaría de la Defensa Nacional
Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n, esq. Av. Industria Militar
Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo
México D.F., C.P. 11640, MÉXICO
Fax: (+52 55) 55575571
Tratamiento: Señor Secretario


Gobernador de Guerrero
Lic. Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno
Blvd Rene Juárez Cisneros No. 62
Edificio B, Ciudad de los Servicios
CP 39075, Chilpancingo, Guerrero, MÉXICO
Fax: +52 747 471 9802
Correo-e: gobernador@guerrero.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador


COPIAS A:

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero
Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra
Col. Centro, 39000, Chilpancingo
Guerrero, MÉXICO
Correo-e: coddehum@prodigy.net.mx
Tratamiento: Señor Presidente

Y a la representación diplomática de México acreditada en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 3 de agosto de 2009.