Resumen de la plática del Dr. Jaime Cárdenas en el Círculo de Estudios Sótano de la Condesa

Quiero agradecer la invitación a los Círculos de Estudio de la Condesa. Hablaré sobre las instituciones jurídicas del país, que se encuentran en una crisis severa, de la que el gobierno no parece darse cuenta. Un Estado debe contar con una población, un territorio, un gobierno soberano.

1º La población debe poder ejercer y exigir sus derechos, debe poder llamar al gobierno a cuentas, y tener mecanismos y causes de participación política y social.

2º En cuanto al territorio, en el siglo XIX México perdió la mitad de su territorio, ahora con la

Reforma petrolera, existe la posibilidad que las empresas contratistas tengan espacios. Existen bloques que no se prohibieron en la reforma como pedía AMLO, y tengan parte del espacio territorial mexicano. Sobre todo en los mares quedará a merced y al control de estas grandes compañías petroleras, afectando el territorio, el medio ambiente: la flora, la fauna. Por eso los Estados Unidos insisten en la Política de Fronteras Flexibles. México desde 2005 con Fox, y ahora con Calderón es parte es los acuerdos del ASPAN (Alianza para el progreso y la seguridad de América del Norte). Estados Unidos empezó a patrullar nuestro espacio aéreo, y con su 4ª flota nuestros mares, perdemos territorio a pasos agigantados (por ejemplo, la desaparición de la cartografía del país de la isla Bermenja).

3º En cuanto al gobierno, éste debe tener un origen democrático, debe ejercer democráticamente su función, debe proteger los derechos fundamentales: al empleo, a la alimentación, a la salud, a la educación, etc. Pero lo hace de manera insatisfactoria. En México hay un déficit muy importante en los derechos económicos, sociales, culturales, ecológicos, el derecho a la paz, en los derechos humanos de ejercicio democrático, del poder público, también hay un déficit de origen en el gobierno actual, ya que hubo fraude en 2006.

En torno al orden jurídico debe haber leyes que la sociedad respete y cumpla, sin embargo, se sabe que más de la mitad de la población no respeta ni obedece las normas jurídicas del país. La sociedad mexicana dirime sus conflictos y controversias por vías ajenas y diferentes a las del orden jurídico porque no cree en sus instituciones.

La ley no tiene nada que ver con lo que postula la Constitución, según unos autores, no es normativa, es decir, donde la realidad social coincida con el texto normativo de la Constitución, entonces la Constitución es una letra muerta, que está por un lado y la realidad social, política y económica por otro. Por ejemplo la constitución dice: la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, esto no se cumple.

La Constitución indica que debe haber un Estado Federal, pero no es así, porque en las entidades federativas tenemos una concentración del poder en los gobernadores que actúan como señores feudales, subordinan el funcionamiento de los poderes públicos de las instituciones a sus intereses y a los de su partido, sin importar de qué partido sean: PRI, PAN, PRD. No hay un esquema de división de poderes en las entidades federativas. Ahí los órganos electorales están capturados por los gobernadores estatales. Por tanto, el orden jurídico no se cumple, no se respeta, no tiene legitimidad, no es aceptado por los ciudadanos, cada vez más se separa de los ciudadanos.

La soberanía, desde el siglo XVI, se entiende como la capacidad que tiene el Estado para auto determinarse. La política económica, el orden jurídico, la seguridad –por la ASPAN-, el comercio de nuestro país están determinados por Estados Unidos, por el FMI, por el BM. Cada vez que existe un problema económico los funcionarios de la Sría. de Hacienda corren Washington a pedir instrucciones y consultas. Nuestra autodeterminación desde el plano internacional es cada vez más limitado y desde el plano interno, las decisiones las toman los poderes fácticos, estos poderes están por encima de las estructuras nacionales. Entonces nuestro Estado es un Estado muy imperfecto, menguado, no es un Estado fuerte, no es un Estado sólido, en fin no es un Estado Nación, con todos los elementos que funcionen en beneficio de la sociedad. En este Estado el gobernante va por un lado y el gobernado por otro.

Desde nuestra Independencia nuestro Estado nace bajo la concepción de Maquiavelo donde hay una autoridad que tiene la capacidad para controlar y hacer uso legítimo de la fuerza. Pero un Estado de Derecho es aquel que debe tener un 1º sistema jurídico en donde se respeten los derechos humanos, 2º una estructura de división de poderes, que sea real, que un poder no controle a los demás, que haya equilibrio y cooperación entre ellos pero en plano de igualdad, 3º que el origen del poder sea democrático, 4º que el ejercicio de ese poder democrático se oriente a la protección de los derechos humanos, 5º que los ciudadanos tengan mecanismos jurídicos institucionales para proteger sus derechos humanos. Pero si no se cumplen estos elementos entonces no será un Estado de Derecho, será un Estado autoritario, semiautoritario, semidemocrático, o totalitario.

Un Estado debe contar con un catálogo importante de derechos humanos como son el derecho de asociación, de reunión, de manifestación, de libertad de expresión derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al empleo, a la salud, a la educación, a la alimentación, derechos medioambientales, derecho al desarrollo, es decir, el Estado debe promover el crecimiento económico, mejores condiciones de vida, que garantice los derechos de las minorías –mujeres, niños, homosexuales, etc. Estos derechos deben ir acompañados por garantías institucionales, jurídicas y que hagan realidad esos derechos.

En México se tienen ciertos tipos de garantías como el Amparo, que es una institución individualista, sirve para proteger la vida de las personas, los elementos de seguridad jurídica, de libre contratación. Pero no sirve para el derecho a la educación, a la vivienda, al empleo, para tener agua potable, electrificación, una escuela, un hospital en alguna colonia, si se promueven estos Amparos serán declarados improcedentes. Es decir, el Amparo mexicano no sirve para proteger derechos económicos, sociales y culturales, medioambientales, o los derechos de las minorías, o bien los derechos fundamentales de los tratados internacionales.
¿Cómo se organiza el poder público en México? No tenemos mecanismos jurídicos para que la ciudadanía controle a sus gobernantes. Tenemos mecanismos limitados de democracia participativa para que el gobernante tenga la obligación de consultar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Pues las instituciones de gobierno son verticales, opacas, no hay una organización democrática del poder público, ya sea en la Federación, los municipios, las delegaciones, en los partidos.

Otro elemento del Estado de Derecho es la supremacía constitucional, es decir, que la Constitución sea la norma suprema, pero esto resulta imposible en México porque la Constitución en México sólo puede ser interpretada por el poder judicial federal, es decir, por una autoridad administrativa, por eso toman tan mal las decisiones, no interpretan los reglamentos, ni las leyes desde la Constitución. La consecuencia es que se separa la autoridad del fuero común de la autoridad estatal, local, municipal, administrativa, federal de la Constitución. La supremacía constitucional en México no existe, por eso la Constitución no es normativa, y sólo funciona en los discursos políticos, es un adorno, no una realidad.
En un Estado de Derecho debe haber mecanismos de defensa del orden jurídico sobre todo de la Constitución. Tenemos controversias constitucionales que pueden promover solamente una autoridad respecto a otra autoridad, las autoridades que están señaladas en el art. 105 de la Constitución.

Por otra parte, las acciones de anticonstitucionalidad solamente las pueden promover el 33% de los legisladores, el Procurador General de la República, los partidos políticos o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, los ciudadanos no podemos decirle al Poder Judicial Federal: “El Congreso de la Unión aprobó una ley contraria a la constitución, por favor conoce, acciones populares de inconstitucionalidad.

Tampoco podemos reclamar la inconstitucionalidad por omisión. En ocasiones las autoridades, la Constitución dice: “el Congreso debe legislar al respecto”, es cuando se ha acordado la aprobación de una ley en un plazo determinado, y ésta no se aprueba en el plazo fijado y los ciudadanos no tenemos un mecanismo para proteger o revertir la inconstitucionalidad por omisión. Tampoco tenemos acciones de tutela para proteger los derechos sociales, en fin, somos insuficientes en mecanismos de protección y defensa de la Constitución.

En un Estado de Derecho existen mecanismos de democracia participativa. Pero nosotros no podemos quitar a un gobernador, al presidente de la República, a un jefe de gobierno, a un delegado, porque no tenemos la revocación de mandato, no tenemos el referéndum. Los ciudadanos no podemos promover una iniciativa de ley ante el Congreso, porque no tenemos la facultad de iniciativa legislativa popular. No podemos intervenir en las decisiones sobre el gasto público porque no existe el presupuesto participativo. Existen mecanismos de democracia representativa, pero no de democracia participativa, ni de democracia deliberativa.

El Estado de Derecho debe tener mecanismos anticorrupción. En México hay ciertos mecanismos de este tipo pero no se les fortalece, no se otorga presupuesto para la fiscalización del gasto público. Según las normas de transparencia solamente son sujetos obligados de las leyes de transparencia las instituciones públicas, pero los sindicatos, los partidos a nivel federal, los organismos empresariales, los medios de comunicación electrónica, las iglesias no son sujetos obligados de la ley de transparencia, entonces tenemos un problema con los mecanismos anticorrupción en nuestro país.

El sistema de partido hegemónico ha sido sustituido por un aparato peor, por poderes informales se colocan por encima de las instituciones del Estado, son los llamados poderes fácticos: partidos políticos. Sindicatos –éstos ponen a secretarios de Estado, directores de instituciones públicas-, medios de comunicación electrónica. Iglesias –aunque la Constitución señala la separación de la Iglesia y el Estado mexicano, no se respeta e influyen en la vida pública. El narcotráfico controla zonas territoriales, coloca presidentes municipales, jefes de policía, corrompe los mandos del ejército, los mandos policiales federales, estatales y municipales. Los poderes financieros especulan con los recursos de los mexicanos; en las subastas de dólares del Banco de México ha salido tantos millones de las reservas, éstas sólo favorecen a los grandes empresarios, a los bancos extranjeros. De esta manera han despojado a la nación de riquezas muy importantes. Por tanto, los poderes fácticos deben estar sometidos al control del Estado. Deben existir leyes antimonopolio, leyes que establezcan controles a su influencia política, económica y social.

Entonces es tarea del Gobierno Federal, de los partidos políticos avanzar hacia el Estado de Derecho. Aunque esto está contemplado en el Programa de Acción del Gobierno Federal, no se plantea una nueva arquitectura institucional del Estado, y es necesario que se plantee un cambio constitucional estratégico para garantizar, promover y maximizar sus derechos fundamentales, que a fin de cuentas es el único elemento que legitima al Estado y al Derecho. La única justificación ética es proteger los derechos humanos. Cuando un Estado y un orden político no tienen esa justificación no garantiza los derechos humanos no se le puede llamar Estado de Derecho, y este es el problema de nuestro país en el que hay una miopía en el plano institucional y en la construcción de instituciones democráticas que debe ser parte del Estado de Derecho.